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Boletín de noticias 28 de febrero de 2012
EL ESPECTADOR
NIÑA DE 7 AÑOS MURIÓ A LA ESPERA DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE EPS
Sus familiares denuncian negligencia por parte de la EPS.
Los familiares de Karen González piden claridad en la muerte de la menor de 7 años, que después de haber sido informada de tener un tumor en la cabeza no fue atendida oportunamente.
Según su familia, la EPS demoró el proceso de autorización para remitirla a Bogotá desde el hospital San Rafael de Fusagasugá.
SANTOS ESPERA PONERSE DE ACUERDO CON LAS CORTES FRENTE A REFORMA A LA JUSTICIA
Así lo manifestó durante la posesión de dos magistrados de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema.
El presidente Juan Manuel Santos manifestó que el Gobierno Nacional espera ponerse de acuerdo con el Poder Judicial en el mayor número de puntos posibles de la Reforma a la Justicia que cursa en el Congreso.
El anuncio lo hizo este lunes durante la posesión de Margarita Leonor Cabello Blanco y Ariel Ely Salazar Ramírez como magistrados de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. “Sabemos que hay opiniones diferentes frente algunos puntos de la reforma que está en manos del Congreso. Pero ninguna de esas diferencias, pienso yo, son diferencias insalvables. En algunas nos podemos poner de acuerdo, en otras no. Ese es el ejercicio sano de la democracia. “Espero que nos podamos poner de acuerdo en la mayor cantidad de puntos posibles para mantener, y ese es un esfuerzo que todos debemos hacer esa necesarísima armonía entre los poderes públicos”, indicó el Presidente.
El mandatario reiteró el llamado a las altas cortes para trabajar en armonía, por el bien de la patria. “Como ustedes me han oído en muchísimas ocasiones, creo firmemente en la necesidad, como lo establece nuestra Constitución, de trabajar en armonía, en permanente diálogo. Al fin y al cabo somos todos Estado y tenemos que —como también me han oído muchas veces, caminar en la misma dirección—, como los tres bueyes jalando, jalando un arado”, concluyó.
¿SOBRA LA PROCURADURÍA?
Por: Rodrigo Uprimny
Los colombianos tenemos el vicio de la redundancia institucional. Eso me dijo alguna vez Linn Hamergen, una estudiosa de las reformas judiciales en América Latina.
Según ella, cuando vemos que hay un problema porque una institución funciona mal, entonces creamos una nueva entidad, que debería supuestamente superar la dificultad. Pero en realidad luego nos pasamos décadas discutiendo los conflictos de competencia entre las dos instituciones.
No sé si Hamergen tenga razón, pero su sugestiva reflexión es pertinente, ahora que se discute la posible reelección del procurador Ordóñez, pues es posible que la Procuraduría General de la Nación (PGN) sea hoy una institución redundante e innecesaria.
A primera vista la PGN parece una entidad imprescindible, pues cumple varias funciones importantes: i) debe vigilar y sancionar disciplinariamente en forma prevalente a los servidores públicos; ii) promueve los derechos humanos y realiza labores preventivas para evitar afectaciones al interés público; y iii) participa en cualquier proceso judicial para defender el interés público y los derechos fundamentales. ¿Cómo podría entonces ser innecesaria una entidad que cumple tareas tan trascendentales?
Sin embargo, un análisis más cuidadoso muestra que todas las atribuciones de la PGN corresponden también a otras entidades, que podrían desarrollarlas en forma más especializada y eficiente
Así, la promoción y defensa de los derechos humanos corresponde también a la Defensoría del Pueblo, que fue creada por la Constitución de 1991 para desarrollar esa tarea. Muy bien podría esa entidad asumir también y en mejor forma las labores preventivas de la PGN.
Por su parte, la intervención de la PGN en los procesos judiciales ha sido criticada por muchos analistas como irrelevante, pues duplica las labores de los otros sujetos procesales. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene que un delegado de la PGN participe en el proceso penal, si la Fiscalía sostiene la acusación en representación de la sociedad y de las víctimas, el procesado tiene su defensor propio o uno suministrado por la Defensoría del Pueblo y el juez protege el debido proceso y los derechos fundamentales?
Finalmente, en todos los países del mundo, la vigilancia disciplinaria es ejercida por las agencias de control interno de las propias instituciones. Y los directores de cada entidad están interesados en que esa labor se haga bien, pues de ella depende que la entidad cumpla sus funciones. Por eso, si la falta disciplinaria es menor, la vigilancia externa de la PGN duplica innecesariamente la vigilancia interna, que es ejercida más eficientemente por las agencias de control de cada institución. En cambio, si la falta disciplinaria es grave, entonces casi siempre es también un delito y la Fiscalía puede investigarla mucho más eficientemente. Si existen afectaciones a las finanzas de la entidad, pues para eso existe la Contraloría General. Y si es el jefe de la entidad quien abusa, pues para eso están el control político y ciudadano, y nuevamente la Fiscalía si el abuso es delictivo.
La PGN jugó un gran papel durante la Constitución de 1886, cuando no había Fiscalía ni Defensoría del Pueblo y era entonces necesario que existiera un funcionario de enorme respetabilidad, que protegiera los derechos humanos, vigilara la conducta de los servidores públicos e hiciera contrapeso al poder presidencial. Pero, sin suprimir la PGN, la Constitución de 1991 creó otras instituciones que pueden cumplir mejor las labores de la PGN, que se volvió una institución de control redundante, enredada y costosa, que no tiene equivalente en ningún otro ordenamiento constitucional. ¿No valdría entonces la pena discutir si debemos mantenerla o no, en vez de preservarla por simple inercia institucional? ¿O si al menos debemos reducir drásticamente su tamaño?
EL NUEVO SIGLO
“ESPERO QUE NOS PONGAMOS DE ACUERDO EN MUCHOS PUNTOS DE LA REFORMA”
Así lo manifestó durante la posesión de Margarita Leonor Cabello Blanco y Ariel Ely Salazar Ramírez como magistrados de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
El Presidente Juan Manuel Santos manifestó que el Gobierno Nacional espera ponerse de acuerdo con el Poder Judicial en el mayor número de puntos posibles de la Reforma a la Justicia que cursa en el Congreso.
El anuncio lo hizo este lunes durante la posesión de Margarita Leonor Cabello Blanco y Ariel Ely Salazar Ramírez como magistrados de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
“Sabemos que hay opiniones diferentes frente algunos puntos de la reforma que está en manos del Congreso. Pero ninguna de esas diferencias, pienso yo, son diferencias insalvables. En algunas nos podemos poner de acuerdo, en otras no. Ese es el ejercicio sano de la democracia.
“Espero que nos podamos poner de acuerdo en la mayor cantidad de puntos posibles para mantener, y ese es un esfuerzo que todos debemos hacer esa necesarísima armonía entre los poderes públicos”, indicó el Presidente.
El Mandatario reiteró el llamado a las Altas Cortes para trabajar en armonía, por el bien de la Patria.
“Como ustedes me han oído en muchísimas ocasiones, creo firmemente en la necesidad, como lo establece nuestra Constitución, de trabajar en armonía, en permanente diálogo. Al fin y al cabo somos todos Estado y tenemos que —como también me han oído muchas veces, caminar en la misma dirección—, como los tres bueyes jalando, jalando un arado”, concluyó el Presidente.
CON CHEQUES SIN FONDOS DAN SUBSIDIOS A DESPLAZADOS
Porque supuestamente no se brindaron las ayudas económicas establecidas en los contratos a los desplazados que durante cuatro meses ocuparon el parque Tercer Milenio en 2009, la Contraloría de Bogotá encontró méritos suficientes para abrir juicio de responsabilidad fiscal por 1.500 millones de pesos a la Secretaría Distrital de Gobierno, el Instituto para la Economía Social (Ipes) y la fundación Proactiva.
El convenio suscrito entre el Distrito y Proactiva en junio de 2010 era para beneficiar a 907 familias desplazadas. Sin embargo a mayo de 2011, fecha en la que se cumplió el plazo de ejecución del convenio, se entregó la ayuda a 196 familias, es decir, el 22 por ciento. No obstante, se giró el 90 por ciento de los recursos por parte del Distrito.
Otro de los hallazgos más relevantes que encontró la Contraloría de Bogotá al convenio de asociación 0974 de 2010, consiste en que Proactiva entregó a varios desplazados cheques sin fondos, de las mismas cuentas de funcionarios de Proactiva para financiar proyectos productivos.
En este sentido, el Contralor de Bogotá, Diego Ardila Medina, explicó que “hay casos de personas que les giraron 6 millones de pesos y otras que les dieron cheques sin fondo. Ahora estas familias no pueden acceder a otro subsidio porque figuran como beneficiarios de otros recursos”.
Igualmente se logró establecer que Proactiva suscribió actas de entrega de subsidios a desplazados en las que les giró recursos superiores al valor autorizado en el convenio que era de ($1.500.000) y a su vez entregó a otros beneficiados recursos inferiores a los pactados.
Del presunto detrimento por 1.500 millones de pesos, 1.400 millones de pesos no se encuentran soportados, es decir, era para ayuda de los desplazados pero hoy no se tiene certeza de dónde están; 19 millones de pesos que se entregaron a algunos beneficiarios del convenio; 43 millones de pesos para visitas de capacitación a los beneficiarios de las cuales se realizaron 4.500 de 14.000 pactadas.
El problema es grave porque Proactiva se encuentra en proceso de liquidación, lo cual dificulta determinar dónde se encuentran los dineros. Igualmente en este momento estos desplazados no pueden acceder a ningún otro subsidio por cuanto figuran en las bases de datos como beneficiarios de recursos.
REVISTA SEMANA
EL DILEMA DE LA CONSULTA PREVIA
Los abusos y negligencias para cumplir con el requisito de consultar a las minorías étnicas han sido el verdadero palo en la rueda del desarrollo del país. La polémica sobre la inclusión de sus opiniones en la Ley de Víctimas es solo un ejemplo.
El reciente cruce de cartas públicas entre el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y el del Interior, Germán Vargas Lleras, echándose culpas mutuas sobre la forma como habían sido inconsultas las comunidades afro e indígenas en la formulación de la Ley de Restitución de Tierras, es solo una muestra de la 'papa caliente' en que se ha convertido el requisito de la consulta previa con las minorías étnicas.
Hay una creciente percepción de que este procedimiento que busca garantizar los derechos de estas comunidades en las zonas donde se asientan, y que se debe hacer antes de cualquier proyecto de explotación económico o ley que pueda afectar su forma de vida, se está convirtiendo en un obstáculo para el desarrollo del país.
La Ruta del Sol, la vía Cali-Buenaventura, el ferrocarril del carbón en la Costa Caribe, el puerto de Brisa en La Guajira, son sólo algunos de los proyectos de infraestructura que están enredados por este requisito, y con el argumento de que la consulta se demora, el Gobierno decidió no presentar para esta legislatura el nuevo Código de Minas.
El gobierno colombiano adoptó este mecanismo en 1991, cuando se suscribió a la Convención 169 de la OIT, pero entre 1998 y 2009 sólo hizo un poco más de 100 consultas. El actual gobierno se ha tomado el requisito más en serio y el año pasado llegaron a 640 acuerdos, pero entre las comunidades hay quejas de que no lo ha hecho de manera "libre, previa, e informada", como lo exige la ley, sobre todo con las comunidades negras. "El problema antes era que no se hacían las consultas, ahora el problema es hacerlas", dice un funcionario del Ministerio del Interior.
El lío de las consultas con las comunidades afrocolombianas es que sus representantes perdieron legitimidad ante su propia gente. La Consultiva de Alto Nivel, como se le conoce, fue creada en 1993 e integrada por 30 representantes de organizaciones de base de afrocolombianos, y no por los miembros de los 171 Consejos Comunitarios, que son las organizaciones afro en los territorios colectivos. Varios de sus representantes se atornillaron en el cargo y se convirtieron en defensores de los intereses del Gobierno o de sus propios intereses económicos, y no de las comunidades.
Algunos tenían exigencias caprichosas sobre los hoteles donde debían hospedarlos cuando viajaban a reuniones consultivas, y hace poco, dejaron plantado al ministro de Agricultura por considerar que el menú que el Ministerio les había ofrecido de almuerzo no era digno para personas de su cargo.
Luego de una demanda de las mismas comunidades negras, el Consejo de Estado profirió una sentencia declarando ilegítima a la Consultiva y ordenando convocar a elecciones nuevamente, pero sólo con representantes de los territorios colectivos. El período de los representantes de la Consultiva se venció el pasado 31 de octubre, pero algunos de sus representantes le confesaron al portal La Silla Vacía que el Gobierno les había ofrecido extenderles su período un año más si firmaban consultas previas como la de la Ley de víctimas y tierras.
“El Ministerio del Interior tiene voluntad política, pero no hay que ser ingenuos, esa alta Consultiva le era muy funcional”, le dijo a Semana un representante de la cooperación internacional que ha estado acompañando el proceso. Un funcionario del Ministerio del Interior le dijo a Semana, sin embargo, que para la ley de víctimas no sólo trabajaron con la Consultiva, sino que fueron hasta los territorios, y que el Gobierno gastó en el proceso unos 1.000 millones de pesos.
En todo caso, o bien por presión externa para cumplir con la sentencia o porque el mismo Gobierno se dio cuenta de que la Consultiva se prestaba para el chantaje, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, firmó un decreto hace 15 días que ordena convocar a elecciones para escoger a nuevos representantes, que provengan exclusivamente de los territorios colectivos.
Con los indígenas el proceso tampoco ha sido fácil. Ellos están organizados a través de la Mesa Nacional de Concertación, integrada por 13 miembros que tienen legitimidad entre las diferentes etnias.
Algunos indígenas se han mal asesorado de abogados inescrupulosos, y otros más vivos han utilizado la consulta previa para buscar beneficios del Gobierno que a veces no tienen nada que ver con el proyecto que se les está consultando. Ellos pueden tardar más tiempo en tomar sus decisiones, generalmente lo hacen colectivamente y cuando finalmente deciden, no hay cómo hacerlos cambiar de parecer. Incluso se cierran al diálogo.
Pero sólo hay tres casos en que las comunidades tienen un poder de veto en la consulta previa: cuando un proyecto implica trasladar por completo a la comunidad, cuando haya almacenamiento o vertimiento de sustancias tóxicas sobre su territorio, o cuando se ponga en riesgo la misma existencia de la comunidad. En todo lo demás, incluidas las leyes que rigen a todos los colombianos, es la Corte y no las minorías étnicas la que tiene la última palabra.
La Corte ha tumbado proyectos de ley como la de Desarrollo Rural, la Ley Forestal y el Código de Minas, entre otros, no porque las comunidades no estén de acuerdo con la ley, sino porque o no fueron consultadas, o el proceso de consulta fue manipulado. Esa es una lección que el actual gobierno debe tener en cuenta cuando presente la Ley de Desarrollo Rural, la de la reforma de las CAR y el nuevo Código de Minas. El proceso no será fácil, pero por ley, hay que hacerlo.
CMI
ABOGADOS NO PUEDEN ABUSAR PARA ENRIQUECERSE A COSTA DEL ESTADO»: MINJUSTICIA
Así se refirió hoy el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, al indicar que el Gobierno no sólo ha solicitado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la revisión de la condena impuesta a Colombia por la Masacre de Mapiripán; sino que además, la Fiscalía General de la Nación adelanta las investigaciones correspondientes para establecer quiénes están implicados en el presunto fraude contra la Nación al presentar falsas víctimas.
“La Fiscalía General de la Nación está adelantando también las investigaciones correspondientes para establecer si se cometieron, como probablemente ocurrió, unos delitos. Esto implicaría que quienes se hicieron pasar por víctimas sin tener esa condición respondan ante la justicia y que respondan también quienes los hubieran asesorado, llámense como se llamen”, sostuvo el alto funcionario.
En este sentido, el jefe de la cartera de Justicia afirmó que en este caso la ley debe caer con mucha más firmeza sobre quienes al parecer asesoraron a un grupo de personas para que se hicieran pasar por víctimas en un episodio que el país recuerda con dolor.
“Uno no puede abusar de su condición de abogado para convertir el ejercicio de esta profesión en un campo de acción para la codicia de quienes aspiran simplemente a enriquecerse a costa del Estado, tanto las presuntas víctimas como los abogados, quienes además cobran dinero por eso”, recalcó.
Así mismo, manifestó que no es claro si se logrará recuperar la totalidad del dinero que el Estado, por medio del Ministerio de Defensa, pagó a estas personas como indemnización.
“En todo caso lo fundamental es que la Corte IDH revise su determinación y que en cuanto encuentre que en efecto el número de víctimas no es el que se dijo, pues adopte las determinaciones que correspondan y se siente un precedente muy claro”, puntualizó el ministro Esguerra.
MINTRABAJO EXPIDE CIRCULAR PARA INCLUSIÓN LABORAL DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
El ministro de Trabajo, Rafael Pardo, señaló que el fin es promover en Colombia la igualdad, el respeto y la inclusión laboral de la población que tiene algún tipo de discapacidad.
"El Ministerio acaba de expedir una resolución en la que ordena a entidades del orden nacional y territorial, dar prioridad a empresas contratistas que tengan mayor número de empleados en condición de discapacidad, en caso de resultar en empate en un proceso de licitación"., dijo el ministro Pardo.
El jefe de la cartera de Trabajo advirtió que su despacho estará atento y verificará que se cumpla con las disposiciones dirigidas a promover el respeto de los derechos al trabajo y la igualdad de la población de trabajadores discapacitados, e informará a la Corte Constitucional en cumplimiento de lo establecido en la sentencia T-684 A 11.
Cifras del Ministerio revelan que en Colombia existen casi tres millones de personas con discapacidad. Solo el 54 % de las empresas en el país han vinculado personas con discapacidad.